Artículo publicado por la Revista Educación y Cultura AZ, marzo de 2013, páginas 12 a 17.
http://www.educacionyculturaaz.com/079/079-AZMARZO2014.pdf
“El que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi
cualquier cómo”
Federico Nietzsche.[1]
Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y
el sentido de la política educativa nacional.
Autor: Juan Carlos Palafox Pérez de Salazar[2]
Introducción.
Hacer un análisis
de este instrumento de política educativa nacional en un artículo de esta
dimensión, se torna en extremo complejo, sobre todo si se considera que el
mismo dentro de los 6 grandes objetivos que propone, se plantean 35 distintas estrategias
directamente relacionadas con la educación y 3 que le son transversales, 265
líneas de acción directas y 133 transversales para su realización, por ello, es
que preferí mejor hacer una reflexión acerca de su devenir histórico, el
contexto previo al programa 2013-2018 y sus posibles contradicciones o riesgos.
Marco histórico.
Quizá una de las
cosas a las que estamos acostumbrados en el México contemporáneo, sea la
publicación al inicio de cada sexenio o administración del Plan Nacional de
Desarrollo[3],
en donde se establece la rectoría del Estado en materia de desarrollo nacional
y que obliga a los diferentes niveles de gobierno a presentar los programas especiales,
regionales e institucionales[4],
que determinarán las prioridades nacionales y orientarán las políticas públicas
de los diversos sectores como el de salud, de comunicaciones, de energía, etc.
dentro del cual se destaca el Programa
Sectorial de Educación 2013-2018. Pero esto no siempre fue así, de hecho aun
cuando desde el sexenio de Lázaro Cárdenas se presentó un primer plan sexenal, su
existencia formal es apenas de poco más de 30 años. Anteriormente, no existía
la obligación constitucional de formular un programa que sirviera de “norte”
para la gestión de gobierno de los distintos sectores a lo largo de toda su
administración.
Ahora bien, en
materia educativa quizá la primera referencia de un esfuerzo así, que aun
cuando su ámbito fue parcial –solo se refería a la alfabetización y la educación
primaria- fue el plan de los once años, ideado por uno de los únicos dos Secretarios
de Educación Pública que lo fue en dos ocasiones[5]
y que además ostento el cargo de Director General de la UNESCO de 1948 a 1952,
Don Jaime Torres Bodet, Plan que se planteó como una verdadera política de
estado, abarcando dos periodos de gobierno, de 1958 a 1970.
Un segundo
esfuerzo no legitimado normativamente como obligatorio, fue el Programa
Educativo 1977-1982 elaborado por el fugaz Secretario Porfirio Muñoz Ledo
(1976-1977); programa que fue retomado, reformulado y priorizado por el otro
Secretario de Educación Pública que ocupó ese cargo en dos ocasiones distintas[6],
Fernando Solana Morales, cuyo principal mérito como programa fue que si bien
incluyó todo el espectro educativo nacional,
focalizó la acción de su gestión en 12 programas prioritarios, dentro de
los cuales destacó como el número uno, el programa primaria para todos los
niños, conocido como el 3PTN, que permitió generar la condiciones para la
universalización de la atención de ese nivel educativo.
Con
posterioridad a este último esfuerzo es que nace formalmente el Plan Nacional
de Desarrollo 1983-1988[7],
y derivado de él, los Programas Sectoriales, como una obligación institucional
del estado mexicano al inicio de cada administración, para determinar las
acciones que el gobierno federal se propone realizar.
Es así que desde
entonces y hasta la fecha todas las administraciones, tanto priistas, como
panistas han estado obligadas por ley a presentar estos programas y de alguna
forma u otra a ceñirse a su cumplimiento más o menos riguroso, sin que necesariamente
haya un seguimiento ni rendición de cuentas público efectivo de ello.
El contexto previo al programa 2013-2018.
En el caso del
sector educativo, en la anterior administración (2006-2012) se da un hecho sui generis, que altera esta
programación fundamentalmente en el nivel de educación básica, con la aparición
de la llamada Alianza por la Educación, instrumento que de alguna manera remplaza
en los hechos al Programa Sectorial de Educación en dicho nivel, que se gesta desde
la representación sindical y cuenta con el beneplácito de la máxima
magistratura de la nación, generando distorsiones, duplicidades y traslapes
importantes en la gestión del sector, disminuyendo en forma importante la
rectoría del estado y por ende la de los distintos secretarios que ocuparon la
SEP en esos años, derivando todo ello en prácticas inusuales en la actual
administración.
Concomitante con
lo anterior se da cierto abandono de la función de gobernar que compete al
estado en otras áreas de la gestión pública, que da como resultado un caldo de
cultivo propicio y hasta necesario para que se geste lo que se conoce como el
Pacto por México, inusual instrumento de carácter político, que mediante el
consenso de las tres fuerzas políticas mayoritarias del país, PAN, PRI y PRD,
busca mediante compromisos concretos retomar la rectoría del estado en
diferentes áreas de la gestión pública, donde el sector educativo ocupa un
lugar especial.
Con
posterioridad a dicho Pacto, se de la reforma del Artículo Tercero
Constitucional, la promulgación de las leyes secundarias que de ella devienen (la
ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la General del
Servicio Profesional Docente), así como las modificaciones a la Ley General de
Educación, que en su conjunto forman el cuerpo jurídico normativo que determina
el marco dentro del cual se desarrollará toda la política educativa de la nueva
administración, y en tanto no surjan nuevas modificaciones, de las
subsiguientes.
Así entonces,
surge el Programa Sectorial de Educación
2013-2018, instrumento técnico-programático quizá cuestionado, en tanto se
le pudiera considerar un “refrito” de otros documentos político-cupulares (Pacto
por México) o institucionales (la Reforma “Educativa” y sus leyes secundarias),
apreciación del todo equivocada, ya que el Programa
Sectorial es un instrumento de planeación de la gestión pública, que si
bien está enmarcado por lo que establece la reforma educativa, define en
concreto cuáles serán las estrategias y las líneas de acción que la nueva
administración emprenderán para alcanzar en el tiempo los seis objetivos que se
ha planteado, tales como:
Objetivo 1.
Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de la población
Objetivo 2.
Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México
Objetivo 3.
Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos
de la población para la construcción de una sociedad más justa
Objetivo 4.
Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente
de la educación integral
Objetivo 5.
Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados
para impulsar la educación integral
Objetivo 6.
Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para
la transformación de México en una sociedad del conocimiento
Contradicciones o riesgos.
Los objetivos antes
citados tocan las preocupaciones y cometidos que -dicho sea de paso-, cualquier
programa educativo nacional debe de considerar: calidad, cobertura, inclusión y
equidad educativa, deporte, cultura, ciencia y tecnología, mismos que hemos
visto -palabras más palabras menos- incluidos en todos y cada uno de los
programas sectoriales de 1983 a la fecha (6 en poco más de 30 años), que estoy
seguro que nadie en su sano juicio puede cuestionar, pero que motivan las
siguientes dudas:
¿Por qué México tiene
32 millones de mexicanas y mexicanos en rezago educativo[8]?
¿Por qué en
nuestro país se brinda la educación más precaria a los grupos más necesitados?
¿Por qué México
obtiene puntajes inferiores a lo esperable dada su mezcla sociocultural (Índice
de Desarrollo Humano) en pruebas como PISA?
Gráfico 1.
¿Por qué hemos
mantenido casi el mismo nivel de desarrollo (Producto Interno Bruto per cápita
GDP por sus siglas en inglés), con relación al promedio latinoamericano desde
1990?
Gráfico 2[9]
¿Por qué según
el Índice Global de Competitividad 2013-2014 estamos por debajo del promedio de
los países similares al nuestro (Transition 2-3), en todos sus indicadores
menos en los que se relacionan directamente con la cantidad de población?
Gráfico 3[10]
En fin, que
pareciera que sin demérito del aporte que el Programa Sectorial pueda hacer a
una mejor y más ordenada gestión pública en materia educativa, no se entiende,
porque después de 6 ejercicios continuados de este instrumento, pareciera que
no se avanza, más aún cuando en el mismo periodo nos hemos sido testigos que
países de nuestra región que al principio del mismo periodo sus indicadores
estaban por debajo del promedio latinoamericano, hoy día, no tan solo están por
encima de él, sino que también nos han rebasado y ahora ya están por encima de
nosotros, caso concreto me refiero a Chile que comparativamente observa la
siguiente evolución:
Gráfico 4[11]
Entonces, que
pareciera que Programas van y Programas vienen, pero en la realidad ellos por
sí mismos no son más que eso, instrumentos que no resuelven gran cosa per se. Pareciera que el problema de la
educación no dice relación con la existencia o no de estos Programas, sino que
pasa por la decisión política de avanzar, de alcanzar metas concretas que
comprometan el compromiso de hacer, de aportar, de trabajar por un algo
concreto, con metas específicas, con lugares comunes a donde llegar y no con
entelequias tan generales que no definen nada.
En esta ocasión,
el Programa no fue solo el producto de un proceso definido por Ley, el Programa
fue el resultado de un proceso político y constitucional que se planteó como
indispensable para avanzar, que se esgrimió como la única forma de lograr salir
del marasmo y deterioro en que está el sector.
Más allá de que
sigan o no los garantes originales del Pacto por México, más allá de que se
incluyó dentro del proceso la remoción de obstáculos de otra índole, más allá
de las distintas manifestaciones de oposición que existen a los postulados y
métodos de las reformas, más allá de cualquier consideración posible, está dado
todo lo que se planteaba como necesario: el Pacto por México, la Reforma
Constitucional, las Leyes Secundarias, el Plan Nacional de Desarrollo, y ahora,
el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, cabe entonces esperar que al fin
del sexenio México supere en forma significativa al menos los indicadores que
se han mencionado, de no ser así y al final nos encontramos en el mismo lugar o
en otro peor, entonces el problema no es el Programa, sino el sistema mismo. Parece
que es la última oportunidad de este modelo en que venimos desde hace ya más de
25 años, la actual administración tiene el tremendo compromiso de cumplir, de
lograr, de mostrar resultados reales, medibles y comparables a nivel internacional,
JUGUÉMONOSLA, pero de no lograrlo, habrá entonces que pensar seriamente en
cambiar el rumbo o ¿Usted qué opina?
Bibliografía.
·
DIARIO OFICIAL. Viernes 13 de diciembre de 2013.
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, DECRETO por el que se aprueba el Programa
Sectorial de Educación 2013-2018.
·
PISA 2012 Results in Focus. What 15-year-olds
know and what they can do with what they know. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
[1] Tomado del libro “El hombre en busca de sentido” de Viktor E. Frankl (1905-1997). Herder Editorial. Edición para México. 9ª.
Impresión de la edición de 2004.
[2] El autor de este texto, trabajó en la
Secretaría de Educación Pública de México de 1972 a 1995 y en temas educativos
para diversos organismos multilaterales de 1992 a 2012, tales como el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de la Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la OEI y el PREAL,
como también para los Ministerios de Educación y Cultura de Argentina, Bolivia,
Chile, Ecuador, El Salvador, México y Uruguay. jcpps@hotmail.com y http://jcpps.blogspot.com/
