Comentario a lo publicado por Méxicanos Primero el 11 de julio de 2012 con el título de Primer diagnóstico en http://www.mexicanosprimero.org/maestros/blog-mexicanos-primero/373-primer-diagnostico.html, que publico en este blogg ahora, dada su relevancia y oportunidad a partir de la Reforma Educativa promovida por la actual administración (2012-2018).
Comentario de Juan Carlos Palafox Pérez de Salazar:
"En esto de la Evaluación Universal para Docentes, cabe decir que no es "un cheque en blanco" y que admite hacer reflexiones algo más serias que las que la buena fe nos permita. El fenómeno no es tan sencillo, es multifactorial y debe ser tratado con la mayor seriedad posible. Así pues, conviene mencionar que en algún otro momento desarrollé un artículo al respecto denominado “La Evaluación Universal de Maestros, la efervescencia gremial, la calidad educativa y la ceguera del sector”, que quizá pueda aportar algo al debate de tan importante tema, el cual pongo a sus órdenes en mi blog http://jcpps.blogspot.com/ y que por sus dimensiones no es posible reproducir en este espacio.
Ahora bien, dado lo anterior baste con decir que la Evaluación Universal para Docentes debe reconocer al menos 5 elementos, el no haberlo hecho lo único que ha provocado es eternizar el actual debate en un “diálogo de sordos” y en los hechos ha dado al traste con tan importante mecanismo para elevar la calidad educativa.
Ahora bien, dado lo anterior baste con decir que la Evaluación Universal para Docentes debe reconocer al menos 5 elementos, el no haberlo hecho lo único que ha provocado es eternizar el actual debate en un “diálogo de sordos” y en los hechos ha dado al traste con tan importante mecanismo para elevar la calidad educativa.
PRIMER ELEMENTO. Es irrenunciable e innegociable el derecho del Estado Mexicano de evaluar todas y cada una de las acciones que son de su responsabilidad, sean estas de carácter económico, social, político, seguridad, o de cualquier otra índole que la Ley Orgánica de la Administración Pública le confiera, esto, Señores Maestros, Doctores, Ingenieros, Licenciados o Mexicanos de cualquier sector es una obligación y un derecho inalienable del Estado, nos guste o no, lo cual lo justifica el superior interés de la Nación y punto, sea el nuestro un estado monárquico, totalitario, teocrático, dictatorial, democrático, o en vías de lo que sea. No es posible pensar en un estado que no evalúe lo que hace, como tampoco es sano que ninguna organización humana no evalúe lo que hace para saber si va en el camino correcto o incorrecto ante los objetivos que se plantea.
SEGUNDO ELEMENTO. La Evaluación Universal para Docentes no es un fin en sí mismo, ni representa la fundación del sistema educativo mexicano, éste, deviene de muchas décadas atrás y está compuesto por diversas acumulaciones históricas producto de generaciones y generaciones de mexicanos y mexicanas, no se llegó al actual estado de cosas por arte de magia y mucho menos venimos de un estado de situación mejor, sino todo lo contrario. Solo por mencionar un dato, cabe decir que México hace 100 años tenía un 80% de analfabetos y durante esos mismos 100 años hemos pasado de 15 millones de mexicanos y mexicanas a 115 millones, esto es 1 millón en promedio más por cada uno de estos 100 años y ahora somos solo 7% de analfabetos, esa es la realidad. Así que la Evaluación Universal para Docentes debe ser un mecanismo para mejorar la educación y no como algunos esfuerzos evaluativos de reciente data se han trasformado en fines en sí mismos olvidando el objetivo que pretendían (por ejemplo, se han acumulado más de 80 millones de pruebas ENLACE y no se ha avanzado nada, dato mencionado también por José Ángel Pescador en recientes declaraciones al periódico Reforma 11-jun-2012).
TERCER ELEMENTO. Dentro de las acumulaciones históricas que componen el actual Sistema Educativo Mexicano están los LEGÍTIMOS derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, nótese que escribo legítimos con MAYÚSCULAS, esto en función de que dichos derechos son los que responden unívocamente a las legítimas obligaciones que los trabajadores de la educación se comprometen a partir de su nombramiento. La Evaluación Universal para Docentes debe reconocer irrestrictamente estos legítimos derechos, siempre y cuando se cumplan con las legítimas obligaciones contractuales que les vinculan.
Dicho desde otra perspectiva, el hecho educativo aún cuando responde al ejercicio de un derecho humano: “Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”, también está delimitado por la confluencia de otro derecho humano: Artículo 23. De la misma Declaración “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.” Y es en la confluencia de estos dos derechos humanos -a la educación y al trabajo- que se debe determinar los alcances y limitaciones de la Evaluación Universal para Docentes.
CUARTO ELEMENTO. Las terribles condiciones de inequidad social y económica que caracterizan a nuestro país hacen que el entorno y medios en que se da el hecho educativo también se vean arrastrados a estas condiciones de inequidad social, donde no necesariamente en contextos de mayor dificultad se observan los apoyos y retribuciones que compensen dichas inequidades, sino todo lo contrario, a condiciones de mayor pobreza y rezago social, corresponden condiciones educativas más precarias y limitadas, por lo que la Evaluación Universal para Docentes deberá de observar dichas inequidades.
QUINTO ELEMENTO. Concomitante con el anterior elemento relativo a las condiciones del entorno y los medios educativos, está lo que pudiéramos llamar “la materia prima”, el aprendizaje de los alumnos. Según la investigación educativa dura en todo el planeta (incluyendo PISA o TIMSS o LLECE), nos indica que generalmente la variable más determinante de los resultados del aprendizaje de los alumnos, no pasa por lo que sucede dentro del salón de clase, de la escuela, sino que dice relación con el capital cultural de entrada de los alumnos, del cual su mayor “predictor” es el grado máximo promedio de educación de sus padres, con lo cual sumar a la evaluación de los docentes los puntajes que sus alumnos obtengan en pruebas como ENLACE, generalmente será una forma de profundizar las inequidades existentes y del todo injusto para los docentes cuyo capital cultural de sus alumnos sea bajo en comparación con los docentes cuyo capital cultural de sus alumnos sea alto.
Dicho desde otra perspectiva, el hecho educativo aún cuando responde al ejercicio de un derecho humano: “Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”, también está delimitado por la confluencia de otro derecho humano: Artículo 23. De la misma Declaración “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.” Y es en la confluencia de estos dos derechos humanos -a la educación y al trabajo- que se debe determinar los alcances y limitaciones de la Evaluación Universal para Docentes.
CUARTO ELEMENTO. Las terribles condiciones de inequidad social y económica que caracterizan a nuestro país hacen que el entorno y medios en que se da el hecho educativo también se vean arrastrados a estas condiciones de inequidad social, donde no necesariamente en contextos de mayor dificultad se observan los apoyos y retribuciones que compensen dichas inequidades, sino todo lo contrario, a condiciones de mayor pobreza y rezago social, corresponden condiciones educativas más precarias y limitadas, por lo que la Evaluación Universal para Docentes deberá de observar dichas inequidades.
QUINTO ELEMENTO. Concomitante con el anterior elemento relativo a las condiciones del entorno y los medios educativos, está lo que pudiéramos llamar “la materia prima”, el aprendizaje de los alumnos. Según la investigación educativa dura en todo el planeta (incluyendo PISA o TIMSS o LLECE), nos indica que generalmente la variable más determinante de los resultados del aprendizaje de los alumnos, no pasa por lo que sucede dentro del salón de clase, de la escuela, sino que dice relación con el capital cultural de entrada de los alumnos, del cual su mayor “predictor” es el grado máximo promedio de educación de sus padres, con lo cual sumar a la evaluación de los docentes los puntajes que sus alumnos obtengan en pruebas como ENLACE, generalmente será una forma de profundizar las inequidades existentes y del todo injusto para los docentes cuyo capital cultural de sus alumnos sea bajo en comparación con los docentes cuyo capital cultural de sus alumnos sea alto.
Lo expuesto en los dos puntos anteriores no se resuelve con imputar el índice de marginalidad de las localidades elaborado por el INEGI a las escuelas, ya que ni las escuelas tienen condiciones consistentes con dicho índice, ni los alumnos que asisten a ellas pertenecen necesariamente al entorno donde se ubica la escuela, solo baste ejemplificar con las escuelas públicas que se ubican en los barrios de más alto ingreso, en las cuales sus alumnos generalmente no pertenecen a dicho entorno, sino que generalmente son hijos de las o los trabajadores de dichos entornos. Se requiere de la construcción del Índice de Esfuerzo Escolar IEE, que determine por cada alumno su capital cultural de entrada.
En fin, como ustedes pueden derivar de lo dicho anteriormente, la Evaluación Universal para Docentes no puede ser un “cheque en blanco”, la ecuación es compleja y requiere de un debate abierto, serio, sistemático, que no solo parta del derecho y obligación del estado de evaluar las responsabilidades a él encomendadas, sino que convine al menos los cinco elementos citados y concite la adhesión de todos los involucrados, legitimando así, un proceso necesario e impostergable para mejorar la educación de nuestro país".
Debate que no se ha dado, sino que como digo al principio, esto se ha vuelto un “dialogo de sordo”, donde la autoridad no ha sido capaz de explicitar y explicar coherentemente cuáles son los criterios y la ecuación que subyace al modelo de Evaluación Universal de Docentes, ni mucho menos someterse públicamente a la discusión académica de ella; mientras por el otro lado se da una actitud casi “paranoica” del magisterio, que ante la falta de discusión y explicaciones, siente que sus derechos son amenazados; discusión a la cual ahora se suman algunos actores sociales, que distan mucho de plantear análisis serios y sistemáticos, sino que pareciera que persiguen otro tipo de intereses no muy claros, abonando el encono con acusaciones y descalificaciones planas y sin profundidad, sin relevar que según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de México compete al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación la responsabilidad de la política educativa mexicana y solo a ella, esto es, que si alguien es responsable del actual estado de situación de la educación mexicana, es el ejecutivo federal, quien ponderando intereses mezquinos de hoy y del pasado próximo postergó el desarrollo educativo, a cambio de pírricas ganancias político electorales. Todo lo cual pone en evidencia la falta de convocatoria de la SEP y de los actores sociales ante la movilización docente de hecho.
En fin, como ustedes pueden derivar de lo dicho anteriormente, la Evaluación Universal para Docentes no puede ser un “cheque en blanco”, la ecuación es compleja y requiere de un debate abierto, serio, sistemático, que no solo parta del derecho y obligación del estado de evaluar las responsabilidades a él encomendadas, sino que convine al menos los cinco elementos citados y concite la adhesión de todos los involucrados, legitimando así, un proceso necesario e impostergable para mejorar la educación de nuestro país".
Debate que no se ha dado, sino que como digo al principio, esto se ha vuelto un “dialogo de sordo”, donde la autoridad no ha sido capaz de explicitar y explicar coherentemente cuáles son los criterios y la ecuación que subyace al modelo de Evaluación Universal de Docentes, ni mucho menos someterse públicamente a la discusión académica de ella; mientras por el otro lado se da una actitud casi “paranoica” del magisterio, que ante la falta de discusión y explicaciones, siente que sus derechos son amenazados; discusión a la cual ahora se suman algunos actores sociales, que distan mucho de plantear análisis serios y sistemáticos, sino que pareciera que persiguen otro tipo de intereses no muy claros, abonando el encono con acusaciones y descalificaciones planas y sin profundidad, sin relevar que según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de México compete al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Educación la responsabilidad de la política educativa mexicana y solo a ella, esto es, que si alguien es responsable del actual estado de situación de la educación mexicana, es el ejecutivo federal, quien ponderando intereses mezquinos de hoy y del pasado próximo postergó el desarrollo educativo, a cambio de pírricas ganancias político electorales. Todo lo cual pone en evidencia la falta de convocatoria de la SEP y de los actores sociales ante la movilización docente de hecho.
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